Durante los últimos 20 años, en México se ha desatado una oleada de violencia en contra del gremio periodístico del país. La violencia va desde las amenazas, intimidación, acoso, violaciones de derechos humanos, censura hasta llegar a casos tan lamentables como el asesinato de periodistas.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras».
Del año 2000 a la fecha, la organización Article 19 México y Centroamérica han documentado la muerte de 127 periodistas, de los cuales 117 son hombres y 10 son mujeres. De la cifra total, 47 fueron asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A nivel estatal, la entidad de Veracruz es la que más muertes reporta con 26, siendo el mandato de Javier Duarte de Ochoa el más violento con 17 muertos. Estas cifras no consideran las casi 400 agresiones a periodistas durante 2018.
La organización Reporteros Sin Fronteras, reporta que México ocupa el lugar 144 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2019 y que las ciudades más peligrosas para ejercer la profesión son Chihuahua, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla y Cancún.
Todo esta serie de cifras, resultan alarmantes ya que gran parte de la violencia contra el gremio se debe en gran medida a la exposición de sus investigaciones ante la opinión pública de las actividades ilícitas de grupos como el narcotráfico, redes de prostitución, corrupción dentro de las corporaciones policiacas o dentro de las estructuras de en todos los niveles de gobierno como el tráfico de influencias, lavado de dinero, por citar algunas. De los casos más sonados fueron los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdés en 2017
Otros periodistas han sido sujetos a la censura por parte de los medios de comunicación en los cuales prestaban sus servicios, sacándolos del aire o de la programación por haber hecho algún comentario sobre el gobierno o de algún personaje importante que revelara redes de corrupción o bien; el nivel de acoso que han recibido los han llevado a solicitar asilo en otros países por miedo a represalias o que atenten contra su vida.
Entre los casos más sonados sobre la censura, fue el de Carmen Aristegui por el prólogo del libro “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, por el cual tanto ella como su equipo salieron de la empresa MVS Comunicaciones y este caso se llevó a litigio desde 2014. Otro más fue el de Lidia Cacho por el libro “Las esclavas del poder” por la denuncia de la redes de prostitución en la cual se involucra a empresarios y gobernadores por esta obra ella fue enviada a prisión y víctima de tortura. También tenemos los casos de Anabel Hernández y Ana Lilia Pérez, por sus libros que relatan las redes de corrupción en la policía y su relación con el narcotráfico y los desfalcos realizados en Petróleos Mexicanos, ambas tienen asilo político en el extranjero.
Con este panorama, no hay una certeza de que México sea un país seguro para ejercer el periodismo ya que para el gobierno mexicano existen intereses encontrados los cuales no defienden la causa de Estado de Derecho que le dé certeza al gremio; sin embargo el periodismo es y seguirá siendo uno de los factores reales de poder que son necesarios para un gobierno democrático.
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