En una entrevista colectiva en Milenio Televisión, el entonces candidato puntero Andrés Manuel López Obrador expresó su desconfianza hacia todo aquello que se identifica como sociedad civil; en consecuencia, ya como presidente expidió una Circular donde instruye a su gabinete para “no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento social, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
Esta decisión pone en entredicho el cumplimiento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), donde se establece que es obligación y función del gobierno federal proveer apoyos, estímulos e incentivos para fomentar las actividades de esas organizaciones (artículo 13, fracciones I y III), mismas que tienen el derecho de acceder a estos apoyos, además de recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables (artículo 6, fracciones V y VII).
Pero -sin restar importancia a lo anterior- lo esencial es que el presidente se amputa, por voluntad propia, el brazo civil que tanto podría ayudarle en la atención a personas y grupos en condiciones de pobreza, exclusión y/o vulnerabilidad. Esto ya tuvo consecuencias costosas, como la destrucción del programa de apoyos a estancias infantiles que operaba la Sedesol, así como la de los refugios para mujeres víctimas de violencia, dado que ambos programas funcionaban con el mecanismo de corresponsabilidad y coinversión gobierno-sociedad civil.
¿Por qué importa restaurar la relación gobierno-sociedad civil? Las OSC tienen, desde hace siglos, una marcada vocación para el trabajo solidario; ya en la época colonial y los primeros años del México independiente, eran las congregaciones religiosas y las personas altruistas quienes se encargaban de ayudar a los más necesitados: los enfermos, los pobres y los huérfanos, entre otros. Una herencia viva de ese trabajo es el Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada (I.A.P.) fundada en 1775 por Don Pedro Romero de Terreros.
La actual relación gobierno-sociedad civil tuvo un momento fundante con la generosa salida a las calles de miles de ciudadanos que espontáneamente se organizaron para ayudar a otros, luego de los devastadores terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985; actitud que se repitió 32 años después, para afrontar las consecuencias de fenómenos similares, el 7 y 19 de septiembre de 2017.
Después de 1985, la participación ciudadana y la influencia de la sociedad civil organizada tuvieron nuevos momentos estelares en 1994, para detener la confrontación armada en Chiapas, y luego para presionar por los cambios en el sistema democrático que finalmente condujeron a la alternancia en el poder; en 2002, para lograr la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en 2004, con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las propias OSC, y en 2011, en la gran reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, por citar solo algunos ejemplos de incidencia en políticas públicas y en el orden jurídico del país.
Pero lo esencial es el impacto humano y social -en palabras de la licenciada María Angélica Luna Parra- que logran las OSC que abrazan una causa social y se especializan en ésta, construyendo conocimientos y experiencia para su tratamiento; logran confianza y liderazgo en sus poblaciones objetivo, y en interacción con éstas, respetuosa del ser y el saber que las identifican, impulsan aprendizajes y transformaciones en sus conductas y estructuras de relación, transformando para bien sus vidas.
Malamente se puede ver en esto un hecho corrupto, o un espíritu conservador.
